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09 Abril / 08:10 hs
Reflexiones sobre el aborto, por Nacho Vera


Nacho Vera inaugura la sección de colaboradores del blog
Estamos asistiendo, en estos días, al último episodio del fracaso de nuestra sociedad. No hemos sido capaces de poner encima de la mesa medidas eficaces que permitan a las mujeres embarazadas otra solución que la de abortar. Hemos centrado nuestro esfuerzo o bien en penalizarlas o bien en considerar su práctica casi como un derecho fundamental. En definitiva no nos hemos detenido en pensar en ellas o nos hemos olvidado de ellos.

El número de mujeres embarazas que abortaron en España en 2008 fue superior a 115.000. El número de nacimientos estuvo ligeramente por encima de 500.000; es decir una de cada seis mujeres embarazadas decidió en España abortar. Esta cifra y este porcentaje producen escalofríos, e implica una sucesión de fracasos: fracaso en el apoyo a la mujer embarazada, fracaso en la defensa de la gestación de la vida, fracaso en la educación de la corresponsabilidad en materia sexual, fracaso en las campañas de prevención de embarazos imprevistos, fracaso en la política de información a la mujer sobre las consecuencias del aborto... etcétera.

Ante esta descorazonadora situación, sólo se puede pensar que no se han hecho las cosas bien, y que, cuando se vuelven a plantear soluciones tendentes a las modificaciones del código penal, volvemos de nuevo a confundirnos, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento.

Propongo hacer un ejercicio rápido para reflexionar, siquiera un momento, sobre el hecho de la interrupción voluntaria del embarazo, y así tratar de encontrar algunos indicios de hacia donde deberían encauzarse las soluciones, y hacia donde no.

La mujer embarazada, por norma general, debe ser tratada como alguien necesitada de atención y no de castigo, cuando se plantea la posibilidad de interrumpir voluntariamente su embarazo. En ese sentido, estoy de acuerdo con quienes no quieren penar a una de las victimas, las mujeres.

Los defensores de las medidas que regulan la posibilidad abortar en determinados plazos suponen que la situación de conflicto debe entenderse por supuesta cuando un mujer desea interrumpir su gestación. Lo cual sería razonable si olvidásemos la decisión de los defensores de esta teoría de no dar ningún valor, y ninguna protección al embrión, en función del plazo de la gestación en el que se encuentre, más allá del que la madre decida. Llama la atención que se admita que la madre está envuelta en circunstancias de especial gravedad, sin necesidad de manifestar cuáles son, si decide abortar en determinados plazos, lo cual podría producir que los motivos que provocan esas circunstancias pudieran mantenerse después del aborto, ya que el objetivo de esta ley parece que está en que la mujer que aborta no vaya a cárcel y no en tratar de solucionar los problemas que están detrás de las mujeres que quieren abortar.

El aborto no debe ser única vía, ni si quiera la más fácil, porque seguro que en la mayor parte de los casos es la más dolorosa. Cualquier regulación que se haga debe tener en cuenta que, al menos, hay dos víctimas, la madre y el futuro hijo. Y que el éxito se alcanzará cuando las mujeres reciban respuestas a sus necesidades de desarrollo pleno y no sólo cuando reciben el permiso para interrumpir su embarazo.

La aprobación de la ley no hace sino maquillar eufóricamente un problema social que sólo se puede resolver apoyando integralmente a las mujeres embarazadas y no sólo enseñándoles atajos.

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